El software libre se abre paso en las administraciones en crisis

Eva Belmonte | Barcelona
Quien dijo aquello de “época de crisis, época de oportunidades” debía estar refiriéndose -además de a las casas de empeños- al software libre. Con presupuestos esqueléticos, las administraciones públicas españolas abren sus puertas cada vez más a los programas de código abierto en escritorios y, sobre todo, en servidores. Eso sí, lo hacen sin ceremonias: ni alfombras rojas ni trompetas que anuncian la liberación de los yugos a los que les sometían las grandes compañías de software.
El 83% de organismos tiene instalado algún tipo de software abierto, pero en mucha menor proporción que el propietario
El 83% de organismos públicos tiene instalado algún tipo de software abierto, aunque el porcentaje de implantación (15,7%) palidece aún ante la supremacía de los programas propietarios (84,3%), según los datos de 2011 de Cenatic (Centro Nacional de Referencia de la Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas). Como explica su director, Miguel Jaque, España es medalla de plata en Europa en la apuesta por este tipo de programas, tras Francia si el estudio lo hace la comunidad ‘linuxera’ RedHat, con fuerte peso en el país galo, y tras Alemania si quien lo realiza es KDE, de creación germana.
La clave española, un país con comunidades de desarrollo mucho menos avanzadas que sus vecinas europeas, es que “hemos aplicado más rápidamente las directrices europeas en nuestra legislación”, argumenta Jaque. Pero no nos engañemos: queda mucho camino por recorrer. Iniciativas como la que recoge la plataforma Actuable, que busca firmas para que el Congreso deje de gastar un millón de euros en licencias, reclaman que la administración de un paso al frente. También lo hacen voces autorizadas como la del vicerrector de tecnología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Llorenç Valverde: “Está claro que utilizar licencias es un dispendio innecesario”.
El ‘software’ libre no es gratis
Cursos de capacitación en Cenatic.
Razones materiales no faltan. El coste de las licencias se elimina -imaginemos lo que eso supone sólo en el ordenador de trabajo de cada uno de los miles de funcionarios-, pero lo que se vende y se compra en la era de lo intangible no es un CD, es el servicio. Por eso, los programas libres también son negocio. CatPL es una asociación catalana de empresas informáticas con dos cosas en común: todas han crecido pese a la crisis y todas se dedican al software libre. Y es que, aunque es más barato en la mayoría de casos, implementar programas abiertos en la administración no es gratis.
El primer gasto es el coste de migración. La herencia de la compra de licencias en muchos departamentos pesa como una losa, por inercia y por los costes que acarrea cualquier cambio. Aquí la crisis es un arma de doble filo: “Nadie quiere gastar 1.000 euros ahora aunque eso suponga ahorrar 100 cada mes”, explica el director de Cenatic. Por eso, como añade Josep Fígols, presidente de CatPL, “si partiéramos de cero y se pudiera elegir no haría falta que yo defendiera los programas libres”.
Más allá de la fuerza de la costumbre, la principal barrera a la que aluden los encargados de los sistemas informáticos públicos es la falta de profesionales duchos en la materia, según el informe de Cenatic de 2011. Y precisamente esa es otra de las medidas ‘anticrisis’ que trae debajo del brazo el software libre: formación de trabajadores -eso es bueno- y, como asegura Miguel Jaque, “una demanda cada vez mayor de profesionales cualificados”, o sea, puestos de trabajo -eso es incluso mejor. El catedrático Llorenç Valverde es un poco más crítico: “¿Qué quiere decir formación en software libre? No sé si hace falta formación en software libre o, simplemente, formación a secas”.
La principal barrera es la falta de profesionales cualificados
No es tanto una aritmética de ahorro, que también, sino de decidir a dónde va ese dinero y a qué se dedica. El 95% del software privativo en España es importado. “Nos estamos sangrando a nosotros mismos”, dice Jaque. El debate, pues, es si queremos pagar las licencias o contribuir al desarrollo local.
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