La ministra de Cultura., Ángeles González-Sinde, en una imagen reciente. | Efe
  • El Consejo de Estado envía esta tarde su dictamen sobre el Real Decreto
Europa Press | P. Romero | Madrid
El Gobierno dejará al final al ejecutivo de Rajoy el candente asunto del reglamento que desarrolla la Comisión de la Propiedad Intelectual, el último requisito para la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Sinde’ que prevé el cierre rápido de sitios web acusados de infringir los derechos de autor en Internet. El texto, por otro lado, podría definir como “actividad infractora” no sólo la actividad de los servidores donde se aloja el material ‘pirata’, sino el hecho de enlazar a dichos contenidos.
Esta polémica normativa, incluida en la Ley de Economía Sostenible que fue aprobada por el PSOE, el PP y CiU, encendió los ánimos en la Red, dado que otorga a una Comisión de Propiedad del Ministerio de Cultura el poder para cerrar sitios web que alojen o fomenten las descargas no autorizadas de manera ‘exprés’, en el plazo máximo de 10 días y con la autorización de un juez, el cual no entrará al fondo de la cuestión.
Según aseguraba El Economista, que citaba “fuentes conocedoras del procedimiento”, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el Real Decreto mañana mismo. No obstante, la agencia Europa Press cita a fuentes del Ministerio de Cultura -que oficialmente aún no se ha pronunciado– que asegura que el Consejo de Ministros no tratará este asunto en su reunión del viernes, a pesar de que el Ejecutivo sí se lo había llegado a plantear.
En cualquier caso, al final no pudo ser como confiaba la ministra de Cultura y ‘madrina’ de la normativa antidescargas, Ángeles González-Sinde, que hace un mes expresaba su confianza en que resultara aprobado antes de las elecciones.
Nombramientos
Una vez aprobado, tan solo faltará por decidir los nombramientos de los miembros de las Comisión de la Propiedad Intelectual, y en el caso del cierre de sitios web infractores tiene especial interés la Sección Segunda de dicha comisión, que tiene la función de “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”.
Según prevé el reglamento, esta Sección Segunda “estará compuesta por el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, que ejercerá la presidencia de la Sección, y por cuatro vocales en representación respectiva de los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio, Presidencia y Cultura, designados, entre el personal de la Administración General del Estado, por los respectivos Departamentos”.
Esa tarea recaerá también en manos del nuevo Ejecutivo, que tiene previsto formarse a lo largo del mes de diciembre tras la victoria del Partido Popular en las elecciones del 20-N.
En el Consejo de Estado
Mientras, el texto del reglamento ha pasado hoy mismo por la mesa del Consejo de Estado cuyo dictamen, aunque no es vinculante, sí es perceptivo. Fuentes de la institución afirmaron efectivamente que el Real Decreto que regula el funcionamiento de la comisión de propiedad intelectual se encontraba en el orden del día y será enviado esta misma parte al Ministerio de Cultura.
El texto del reglamento recoge algunas de las ideas que sugirió el Consejo General del Poder Judicial en su informe, que solicitaba que sólo pudiera aplicarse a los prestadores de servicios con ánimo de lucro, así como también medidas contra la reincidencia, aún no detalladas.
De hecho, según fuentes cercanas al asunto, el propio director general de Política e Industrias Culturales, Santos Castro, afirmó tras el informe del CGPJ que había voluntad de ‘encajar’ las sugerencias del organismo al reglamento.
Por su parte, desde la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, José Manuel Tourné opinó que ha habido quizá un cambio de percepción sobre lo que supone la vulneración de a raíz, entre otros asuntos, de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que condenaba a penas de prisión a dos personas por sus páginas de enlaces a descargas no autorizados.
Gobierno en funciones
Acerca de la posibilidad de que un Gobierno en funciones hubiera aprobado el reglamento, Tourné comentó que hubiera sido preferible que se hubiera aprobado antes. No obstante, afirmó que recientemente hubo una consulta del Ejecutivo a un abogado del Estado sobre la legalidad de aprobar un reglamento en estas circunstancias y, afirma, la respuesta había sido “positiva”.
Carlos Sánchez Almeida, abogado y autor del blog Jaque perpetuo, recuerda que “jurídicamente, un gobierno en funciones sólo puede atender al despacho ordinario de los asuntos públicos”. “De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, sólo se puede legislar por decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin que pueda afectar a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”, afirma, y recuerda que “el desarrollo de una norma con tan larga tramitación como la Ley Sinde –más de dos años– no puede considerarse de extraordinaria y urgente necesidad.
“Políticamente”, añade el abogado, “considero que un Gobierno en funciones derrotado estrepitosamente en las urnas carece de legitimidad política para desarrollar una ley tan controvertida socialmente como la Ley Sinde”.
Y concluye: “La Red debe responder a la agresión con la serenidad necesaria, organizando una revuelta pacífica, que imponga al Gobierno en funciones y al futuro el consenso de la mayoría social, en favor de la libertad de expresión en la Red“.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/24/navegante/1322131903.html

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