El sumario de Anonymous en España incluye conversaciones entre cliente y abogado

Parte de una de las transcripciones literales entre un acusado y su abogado.
  • La juez de Gijón justifica las escuchas por la ‘gravedad de los hechos’
Pablo Romero | Madrid
El sumario del ‘caso Anonymous’ recoge hasta cinco transcripciones de conversaciones entre uno de los acusados de pertenecer a la grupo ‘hacker’ y su abogado defensor, en las que se puede leer parte de la estrategia de la defensa, un hecho “grave”, en opinión del propio letrado, que puede afectar al derecho a la defensa.
Para ‘pinchar’ un teléfono, al afectar varios derechos fundamentales, se necesita una orden judicial. El pasado 21 de mayo, la juez titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, ordenó realizar escuchas a uno de los tres supuestos ‘líderes’ de Anoymous en España.
La juez justifica esta petición en la “gravedad de los hechos”, ya que sostiene que desde un servidor propiedad del acusado “se organizó el ataque a la página web de la Junta Electoral Central y las páginas web de los partidos PSOE, PP y CiU (…) siento también muy posible que mantenga relación con los demás miembros de Anonymous”. La gravedad de los hechos radica, según la juez, en “los daños que podrían ocasionarse teniendo en cuenta el periodo electoral” y en “el aumento de este tipo de ataques en los últimos meses de indudable trascendencia social”.
Los ataques a los que se refiere la juez son ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), que se basan en bloquear el acceso a una página web mediante peticiones masivas desde múltiples ordenadores hasta su bloqueo.
Según ha podido comprobar el Navegante, en el sumario se incluyen 149 hojas de transcripciones, y en algunas de esas conversaciones aparecen reflejadas algunas de las estrategias de la defensa.
Estrategias de la defensa
Por ejemplo, en el folio 61 del documento que reúne las transcripciones de las escuchas al acusado R. T. S. se reproduce íntegra una conversación del 27 de mayo en la que su abogado, David Maeztu, comenta con su cliente su intención de plantear la nulidad de su identificación a través de la dirección IP.
“Aquí la clave de esto está en que el delito que se te imputa no tiene relevancia como para que haya procedido a la identificación, entonces, todo lo demás está viciado de nulidad, y eso es lo que yo pediría en principio”, dice Maeztu en las transcripciones literales. Dicho abogado planteó efectivamente esta cuestión a la juez, quien la desestimó.
En su propio blog, Maeztu ya apuntaba recientemente que “perseguir a alguien por los delitos de denegación de servicio se enfrenta al problema de que no se puede identificar a quien está detrás de una dirección IP porque el delito de daños del artículo 264.2 no es un delito grave, ya que la pena es inferior a 5 años de prisión”.
El abogado también añadía en su post que “la Policía trata de buscar la manera de elevar el nivel del delito para saltarse la limitación legal, razón por la que intenta reconducir todo lo que tenga que ver con Anonymous la consideración de estar ante un delito de pertenencia a una organización criminal”, que es más grave.
Otras conversaciones entre el abogado y su cliente giran en torno a los momentos en los que el acusado tenía acceso a Internet -por la naturaleza de su trabajo como marino mercante-, un asunto clave para la defensa también ya que pretendía demostrar que estaba embarcado los días en los que algunos de los supuestos ataques a sitios web se produjeron (folios 76 y 79 del informe de transcripción de escuchas).
Transcripciones y SITEL
En una conversación telefónica que el Navegante mantuvo con el abogado David Maeztu, éste quiso remarcar que el asunto “tiene la suficiente gravedad como para ser comunicado tanto al juzgado como al colegio de abogados”. “Mi nombre aparece identificado como abogado, es decir, que quienes han transcrito lo grabado sabían que yo era su abogado“, afirma Maeztu. “Y aún así siguieron reproduciendo las conversaciones”.
La pregunta es casi inevitable: ¿Cabe la posibilidad de que se hubiera utilizado las escuchas entre abogado y cliente para ‘torpedear’ parte de la defensa? Maeztu prefirió no especular durante la conversación con el Navegante. Pero no dejó de llamar la atención sobre el hecho de que “en principio la causa se inicia por un delito de daños” informáticos del artículo 264.2. Los otros dos detenidos están acusados, además, de asociación ilícita.
Las transcripciones de las conversaciones grabadas son proporcionadas por la Policía a partir de las grabaciones que efectúa el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL). Lo que entrega la Policía al juez es un soporte digital con el contenido íntegro de todo lo grabado, y una selección de transcripciones literales de las conversaciones consideradas ‘relevantes’ para el caso.
“SITEL lo graba todo, y ahí no está el problema; no obstante, la anotación en la que se me identifica como abogado es una intervención humana, no tiene que ver con el sistema”. Ahora le queda luchar en el juzgado para que dichas escuchas se eliminen del sumario, algo que depende de la juez.
Maeztu apunta que el trabajo de la Policía es, “en teoría, analizar las conversaciones y sacar conclusiones”. “Lo que pasa es que me da la sensación de que aquí se ha hecho al revés: tenían una conclusión y se pusieron a analizar las conversaciones“.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/27/navegante/1309183373.html

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